Razones para cambiar la política educativa
F. Javier Merchán Iglesias. Catedrático de Educación Secundaria y profesor de la Univ. de Sevilla
LA formación de un nuevo Gobierno en Andalucía constituye una ocasión
para cambiar algunos aspectos de la política educativa que se ha venido
siguiendo en los últimos años. Desde 2001 hasta nuestros días, uno de
sus pilares fundamentales ha consistido en centrarse en la consecución
de resultados mediante el despliegue de estrategias de gestión
empresarial en el conjunto del sistema educativo y, especialmente, en el
funcionamiento de los centros escolares y de la actividad de los
docentes. Esas estrategias han seguido la estela que desde los años
ochenta trazaron los partidos conservadores y que fueron introducidas en
España en 1996 por la entonces ministra de Educación, Esperanza
Aguirre.
Se apoyan en la idea de que el problema de la mejora de la
educación es básicamente un problema de gestión, y no un problema
curricular, social o cultural. En consecuencia, se introducen en el
sistema escolar fórmulas propias del mundo de la empresa, como es la
dinámica de la consecución de objetivos (de producción, de venta… o de
rendimientos) o los incentivos por resultados, dotando al mismo tiempo a
los centros de una organización gerencialista y fuertemente
jerarquizada, en la que los profesores son relegados al papel de
terminales ciegas obligadas a cumplir los objetivos. Varios años después
de su puesta en marcha, existen razones que aconsejan cambiar este
aspecto de la política educativa.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los centros
escolares no son empresas y que los modelos de gestión que pueden
funcionar en unas organizaciones, no necesariamente funcionan en otras.
La enseñanza y el aprendizaje son procesos de naturaleza muy distinta a
los de la producción industrial y difícilmente pueden ser reductibles al
esquema de inputs y outputs.
En segundo lugar, la
introducción de la cultura empresarial en la escuela ha provocado que
las relaciones entre la administración educativa (incluyendo a
inspectores y directores), los padres y los profesores, se hayan ido
impregnando de una apreciable desconfianza mutua, precisamente en una
tarea que requiere justamente lo contrario. La consecución de resultados
se ha convertido, no ya en un objetivo, sino en una obligación con la
que se presiona a los profesores. Esta presión que, además, desvirtúa
los resultados, ha generados entre los docentes la sensación de que más
que contar con ellos, se sospecha de ellos.
También el balance de los resultados aconseja un cambio de
política. Efectivamente, como ocurre en otros países, once años después
de la puesta en marcha de las dinámicas denominadas de gestión de
calidad no se aprecian mejoras significativas en los rendimientos
escolares. La sorprendentemente escueta evaluación que se ha hecho del
emblemático Plan de Calidad revela que, a pesar del gasto que ha
supuesto, de la tensión generada y de ciertas triquiñuelas estadísticas,
los resultados no mejoran en la medida de las expectativas que
infundieron sus defensores.
Súmese a lo anterior el hecho de que en los tiempos que corren
es necesario cuestionar la existencia de determinados planes, programas y
agencias que, a la vista de los resultados, resultan perfectamente
prescindibles. Es el caso, por ejemplo, de las reiteradas e innumerables
pruebas a las que son sometidos los alumnos para terminar descubriendo
el Mediterráneo y averiguando lo que ya sabemos.
La mejora de los rendimientos escolares no es tarea fácil, pues
este es un asunto en el que intervienen muchos factores ajenos al propio
sistema educativo y que son difícilmente controlables. Aunque es mucho
lo que se puede hacer, aquí no se pueden esperar, ni pedir, milagros.
Pero, a la vista de los pobres resultados que arrojan las estrategias
seguidas en los últimos años, es necesario actuar en otra dirección. La
mejora de la comprensión lectora, de la expresión oral y escrita y de
las operaciones matemáticas constituye una referencia clave. Es cierto
que la Consejería de Educación ha hecho esfuerzos en este sentido; en
ese camino hay que profundizar, generando contextos curriculares y
sociales favorables. Para ello, más que recurrir a una dinámica de
presión compulsiva, es necesario suscitar la complicidad del
profesorado, confiando en que, al fin y al cabo, su satisfacción
profesional se logra precisamente cuando sus alumnos aprenden más y
mejor.
Si el nuevo Ejecutivo andaluz se proclama como un gobierno de
progreso, no estaría de más que cambiara aquellos aspectos de la
política educativa que se han sustentado en planteamientos claramente
conservadores y que, no sólo no dan los frutos que prometen sino que,
además, producen daños colaterales. Se ha sugerido la elaboración de un
nuevo Plan de Calidad. Es de esperar que no se trate de cambiar algo
para que todo siga igual.
Fuente:
Diario de Sevilla. 14-5.2.012
